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No se arrepiente de nada. Baltasar Garzón mantiene la esperanza en derrotar a los jueces que le inhabilitaron por su actuación el marco del caso Gürtel.  Cree que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acabará dándole la razón, tendrá en cuenta la vinculación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de Cobos, con el gobierno del Partido Popular  y anulará su inhabilitación.  Menos optimista se muestra respecto a las posibilidades de reparación a las víctimas del franquismo en España.  En esta entrevista, realizada hace unos días en el marco del Universal Thinking Forum, en México D.F. Baltasar Garzón también da sus impresiones sobre la reciente visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU a España el mes pasado o el proceso abierto por la jueza argentina María Servini contra presuntos torturadores de la dictadura.- ¿En qué situación se encuentra su recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

Ahora lo que hemos hecho ha sido ampliarlo con la cuestión relacionada con el presidente del Tribunal Constitucional (Francisco Pérez de Cobos) y su vinculación con el Partido Popular durante el tiempo que decidió sobre la inadmisión de nuestro recurso de amparo en España.  Creemos que aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que es normal, a nosotros nos resulta inaceptable que alguien se manifiesta miembro de un partido político, y que hasta una fecha determinada paga una cuota de ese partido, pueda tener la imparcialidad necesaria para decidir sobre un tema que afecta precisamente, o se produjo, en el marco de una investigación que afectaba al Partido Popular. Esto aparte de mi respeto hacia el presidente del Tribunal Constitucional, pero creo que la imparcialidad en está en tela de juicio”.– ¿Cree que Estrasburgo le acabará dando la razón?

“Obviamente, mantengo la esperanza en el recurso. Creemos que el planteamiento que el Tribunal Supremo adoptó al emitir la condena no es el correcto. No se puede condenar a un juez por interpretar la ley de forma distinta a la que en este caso el Tribunal Supremo establece. El Tribunal Supremo no es el legislador, el Tribunal Supremo no crea la ley y aquí lo que ha hecho es crear el delito y aplicarlo de forma retroactiva a una persona que interpretó la norma conforme a su leal saber y entender. Es mal sistema este, sobre todo que se constata algo extraño cuando el juez que continuó la instrucción (del caso Gürtel) después de mi (Pablo Ruz) mantuvo la misma medida, la reiteró y la amplió. De modo que es un poco sorprendente que se utilice un criterio con uno y no con el siguiente”.

En vista de la reciente visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y la causa abierta en Argentina por la jueza María Servini, ¿Las víctimas del franquismo acabarán recibiendo reparación en otros países antes que en España?

“Desgraciadamente en España la vía de la justicia penal y cualquier tipo de justicia para las víctimas (del franquismo), por decisión del Tribunal Supremo, está completamente cerrada en este momento. El Comité de Desapariciones y Detenciones Arbitrarias, en su visita de hace unas semanas a España, ha puesto de manifiesto que eso es inaceptable y ha requerido al gobierno para que remueva los obstáculos que lo impiden. Y es un rayo de esperanza que en Argentina se haya abierto la causa y hayan solicitado la detención de algunos represores. Y ojalá que España coopere en la extradición o en la persecución de esos hechos”.

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Julian Assange, fundador de Wikileaks,  está en las fauces del lobo del poder y de la censura. Ha tenido la osadía, el ingenio y la responsabilidad periodística necesarios para que podamos conocer lo que realmente está ocurriendo en Afganistán.  A finales de julio, su web publicó la mayor filtración salida nunca desde el interior del Ejército estadounidense: 76.000 folios de documentos secretos que revelan un panorama descarnador en Afganistán y que certifican que el número de víctimas civiles producidas por las tropas de la OTAN es muy superior al que se reconoce oficialmente

Informes diarios escritos por militares estadounidenses en el campo de batalla que muestran la crudeza de la guerra al desnudo, sin filtros oficiales. Ahora, Assange y Wikileaks se han convertido en los enemigos ‘número uno’ del Pentágono y del Gobierno de Estados Unidos, máximos representantes del poder militar y político actual.

Desde la aparición de estos documentos el Pentágono ha lanzado una feroz batalla legal con la que pretende imponer la censura y evitar que Wikileaks cumpla su amenaza de publicar próximamente otros 14.000 folios con información aún más comprometedora. La semana pasada un abogado del Departamento de Defensa de Estados Unidos enviaba la siguiente carta a los representantes legales de Wikileaks: leer.  En ella, Washington insiste en exigir a los responsables de la web que destruyan toda la información que poseen y advierte, una vez más, que la publicación y la tenencia de los documentos supone una “violación” de la ley norteamericana.

La revelación de dichos documentos, según el Pentágono, pone en peligro la vida de las tropas internacionales desplegadas en el país centroasiático y de los propios ciudadanos afganos, en especial de aquellos que “están colaborando” con los ejércitos occidentales en “sus esfuerzos por llevar la paz y la estabilidad para esa parte del mundo”. Y claro, para el mayor Ejército del mundo, esos argumentos deben prevalecer sobre el derecho universal a informar y ser informados de forma veraz.

Ante el cerco y el acoso de las autoridades norteamericanas, que buscan la manera de poder cerrar Wikileaks, Assange anunció la semana pasada que estaba estudiando la posibilidad de trasladar todos los servidores de su web a Suecia, país en el que se encuentra de visita y que es conocido como uno de los paraísos para la libertad en Internet por dar cobijo, entre otros, a la plataforma Pirate Bay. Las leyes suecas prohiben la publicación de documentos que puedan suponer un perjuicio para la seguridad nacional, pero no hacen mención sobre aquellos textos que comprometan la seguridad de otros países.

Sin embargo, la invisible mano del poder le ha mandado una advertencia a Assange de que si no es por lo civil, le detendrá por lo criminal: ayer, sábado, la Fiscalía sueca emitía una orden de captura en su contra acusándole de haber intentado violar a dos mujeres la semana pasada. Mucha coincidencia que alguien que tiene al mismísimo Gobierno de Estados Unidos vigilando todos sus pasos se dedique a acosar o tratar de violar a alguien. También es casualidad que ninguna de las dos mujeres presentara una denuncia formal contra Assange, sino que fuesen las autoridades suecas las que iniciasen por su propia cuenta una investigación. Igual de estrambótico resulta que horas más tarde la fiscal general del país escandinavo anunciase la retirada de la orden de detención por no existir pruebas del delito referido. Eso sí, advirtiendo al mismo tiempo que la investigación “sigue abierta”. 

Los verdaderos delitos cometidos por Assange y Wikileaks no son otros que los de enfrentarse al poder, saltarse la censura y contar qué está pasando realmente en una guerra a la que se ha destinado una cantidad ingente de dinero con la que bien podría haberse combatido la pobreza o el hambre, verdaderas formas de terrorismo y auténticas armas de destrucción masiva para la humanidad.

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“Recuperar de Irak las armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Sadam Hussein al terrorismo y lograr la libertad para el pueblo iraquí”,  eran los argumentos con los que George W. Bush, respaldado por Tony Blair y José María Aznar, defendía la denominada Operación libertad Iraquí. Ante la marcha de la última brigada de soldados de combate estadounidenses de Irak, siete años y medio después de la invasión, evaluemos los resultados de una guerra basada en mentiras y recordemos los motivos que llevaron a millones de ciudadanos de todo el mundo a salir a las calles en febrero de 2003 para gritar con fuerza ‘No a la Guerra’ .

Empecemos por uno de los principales objetivos alcanzados: la democracia existe actualmente en Irak, sí, pero es de una notoria debilidad. Los iraquíes han ido a las urnas dos veces, en 2005 y en marzo de 2010. Sin embargo, cinco meses después de la celebración de las últimas elecciones generales, los partidos iraquíes (divididos en la defensa de los intereses de suníes, chiíes y kurdos) aún no han conseguido llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición. Y cuantos más avanza el tiempo, más distanciadas están las partes, llevando a un callejón sin salida al país del que los grupos armados aparecidos tras la caída de Sadam intentarán aprovecharse.

Una de las mentiras arguidas por el trío de las Azores, aunque esta pueda ser una medio verdad, es que la invasión iba a proporcionar libertad a los iraquíes. Medio verdad porque los iraquíes se han librado de la opresión y han visto reconocidos sus derechos civiles. Sin embargo, el surgimiento de grupos terroristas y milicias armadas desde la invasión norteamericana fue espectacular, llegando a una situación de virtual guerra civil en 2006 y 2007 y disparando la inseguridad de los ciudadanos. 

Resulta que fue precisamente George W. Bush el que, tras los atentados del 11-S, prácticamente abolió la presunción de inocencia en Estados Unidos gracias a la Patriotic Act, defendiendo aquello de que que había que estar dispuestos a someternos a mayores controles de seguridad, renunciando a parte de nuestros derechos, porque sin seguridad no se pueden desarrollar nuestras libertades.

Pues bien, hoy la situación de inseguridad y el número de atentados mortales por parte de milicias armadas es mayor que antes de 2003, sirva como ejemplo el atentado del pasado martes contra un centro de reclutamiento del Ejército en Bagdad, que dejó un saldo de al menos 57 muertos y 120 heridos

Además, desde el inicio de la invasión occidental han fallecido entre 97.000 y 106.000 civiles iraquíes, en su inmensa mayoría como resultado de los atentados perpetrados por grupos armados armados (suníes, chiíes y kurdas) que aparecieron después de la caída del régimen de Sadam, según datos de ‘Irak Body Count’, que basa sus cálculos en informaciones de prensa, fuentes hospitalarias, cifras de ONG y cifras oficiales. 

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