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No se arrepiente de nada. Baltasar Garzón mantiene la esperanza en derrotar a los jueces que le inhabilitaron por su actuación el marco del caso Gürtel.  Cree que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acabará dándole la razón, tendrá en cuenta la vinculación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de Cobos, con el gobierno del Partido Popular  y anulará su inhabilitación.  Menos optimista se muestra respecto a las posibilidades de reparación a las víctimas del franquismo en España.  En esta entrevista, realizada hace unos días en el marco del Universal Thinking Forum, en México D.F. Baltasar Garzón también da sus impresiones sobre la reciente visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU a España el mes pasado o el proceso abierto por la jueza argentina María Servini contra presuntos torturadores de la dictadura.- ¿En qué situación se encuentra su recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

Ahora lo que hemos hecho ha sido ampliarlo con la cuestión relacionada con el presidente del Tribunal Constitucional (Francisco Pérez de Cobos) y su vinculación con el Partido Popular durante el tiempo que decidió sobre la inadmisión de nuestro recurso de amparo en España.  Creemos que aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que es normal, a nosotros nos resulta inaceptable que alguien se manifiesta miembro de un partido político, y que hasta una fecha determinada paga una cuota de ese partido, pueda tener la imparcialidad necesaria para decidir sobre un tema que afecta precisamente, o se produjo, en el marco de una investigación que afectaba al Partido Popular. Esto aparte de mi respeto hacia el presidente del Tribunal Constitucional, pero creo que la imparcialidad en está en tela de juicio”.– ¿Cree que Estrasburgo le acabará dando la razón?

“Obviamente, mantengo la esperanza en el recurso. Creemos que el planteamiento que el Tribunal Supremo adoptó al emitir la condena no es el correcto. No se puede condenar a un juez por interpretar la ley de forma distinta a la que en este caso el Tribunal Supremo establece. El Tribunal Supremo no es el legislador, el Tribunal Supremo no crea la ley y aquí lo que ha hecho es crear el delito y aplicarlo de forma retroactiva a una persona que interpretó la norma conforme a su leal saber y entender. Es mal sistema este, sobre todo que se constata algo extraño cuando el juez que continuó la instrucción (del caso Gürtel) después de mi (Pablo Ruz) mantuvo la misma medida, la reiteró y la amplió. De modo que es un poco sorprendente que se utilice un criterio con uno y no con el siguiente”.

En vista de la reciente visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y la causa abierta en Argentina por la jueza María Servini, ¿Las víctimas del franquismo acabarán recibiendo reparación en otros países antes que en España?

“Desgraciadamente en España la vía de la justicia penal y cualquier tipo de justicia para las víctimas (del franquismo), por decisión del Tribunal Supremo, está completamente cerrada en este momento. El Comité de Desapariciones y Detenciones Arbitrarias, en su visita de hace unas semanas a España, ha puesto de manifiesto que eso es inaceptable y ha requerido al gobierno para que remueva los obstáculos que lo impiden. Y es un rayo de esperanza que en Argentina se haya abierto la causa y hayan solicitado la detención de algunos represores. Y ojalá que España coopere en la extradición o en la persecución de esos hechos”.

Hoy nos hemos levantado con una noticia de esas que provocan un sentimiento colectivo de indignación y rabia. De las que no pueden pasar desadvertidas sin una reacción y condena unánime de la sociedad, que merecen una respuesta drástica y bien sonada por parte de todos los ciudadanos. Y algo más.

Resulta que después de promover que los Gobiernos de Europa recortaran derechos sociales, laborales y económicos a cientos de millones de personas en todo el continente, después de ver cómo se congelaban y reducían los sueldos y se despedía a millones de empleados y decenas de miles de funcionarios, los diputados del Parlamento Europeo han votado hoy en contra de varias medidas dirigidas al ahorro y la contracción del gasto, como congelar sus salarios o renunciar a volar en primera clase.

Los políticos, especialmente los que han votado en contra de las medidas de ahorro para 2012 propuestas por el Parlamento Europeo, argumentarán que no se va a arreglar la crisis por mucho que se les congele el sueldo a ellos o se les cambie los billetes de avión de primera a clase turista. Y no les falta razón. Pero tampoco a todos los que pensamos que son unos sinvergüenzas.

Porque dicho de una persona, según la Real Academia Española de la lengua, sinvergüenza es quien comete actos ilegales en beneficio propio, o que incurre en inmoralidades. Y, lamentablemente, estamos gobernados por sinvergüenzas a los que hay que decir BASTA YA.

Primero permitieron que el sistema financiero y los mercados hicieran y deshicieran a su antojo sin ejercer ningún control político. Luego prometieron que actuarían contra aquellos que nos llevaron a la peor crisis económica mundial de los últimos 80 años, que acabarían con los paraísos fiscales y que no permitirían que la situación volviera a repetirse.

Más tarde ignoraron sus propias promesas, y a pesar de que la situación ya había disparado los niveles de desempleo y reducido el nivel adquisitivo de los ciudadanos (dejando en la absoluta desesperación a muchos), justificaron que para salir de la situación había que hacer ajustes “dolorosos” : congelar y reducir los sueldos de empleados y funcionarios; eliminar prestaciones sociales y ayudas al desarrollo; privatizar servicios públicos y, lo mejor de todo, nacionalizar las pérdidas de los bancos.

Los ciudadanos, víctimas inocentes de una catástrofe económica histórica, somos quienes tenemos que soportar sobre nuestras espaldas las consecuencias de una mala gestión política a nivel mundial que durante años se camufló bajo la máscara del “crecimiento”.

Dos años y medio después de la caída de Lehman Brothers, los bancos y multinacionales ya han vuelto a obtener beneficios de miles de millones de euros gracias a la inestimable ayuda de los gobiernos y a que somos nosotros, y nadie más, quienes hemos soportado como hemos podido una destrucción de empleo sin precedentes, quienes estamos frustrados por las lamentables expectativas de futuro que se nos presentan, quienes pagamos las subidas de los carburantes, de la electricidad y de todo tipo de impuestos. Tendremos que trabajar más años de nuestra vida por un sueldo y una jubilación menor, y pagar la educación y la salud de nuestros hijos y nietos cuando ya no haya servicios públicos.

Somos nosotros quienes carecemos de oportunidades laborales, quienes a pesar de las dificultades hemos visto como descienden nuestras prestaciones por desempleo y desaparecen algunos de los subsidios para quienes más los necesitan. Somos nosotros quienes tenemos que entregar nuestras casas por no tener medios para pagar la hipoteca.

Pero ellos, los políticos del Parlamento Europeo, no pueden renunciar a sus billetes de avión en primera clase ni a los 4.299 euros mensuales que reciben ¡¡sólo en concepto de gastos!!.

Nos engañaron primero haciéndonos vivir en la burbuja del consumismo descontrolado, en el cuanto más mejor, hasta que estalló la crisis. Después nos hicieron tragar la pantomima del G-20, ese foro multilateral que según Obama, Merkel y Sarkozy iba a demostrar que el poder político iba a actuar contra el poder económico para evitar que nosotros, sus electores, tuvieramos que sufrir las consecuencias.

Pero nos volvieron a engañar. Y nos aplicaron duros recortes a nosotros, no a las multinacionales e instituciones financieras, porque “son ellas quienes tienen que reactivar la economía y devolver la prosperidad a los ciudadanos”. Nos prometieron que iban a cambiar el sistema que nos hizo llegar a esta situación, pero lo único que han hecho ha sido reforzarlo y decirnos que la solución a lo que ocurre la tienen precisamente quienes crearon la crisis. No solo son unos sinvergüenzas, sino que nos toman por estúpidos.

Lo que está ocurriendo en Europa a raíz de la crisis de la deuda, solo da la razón a quienes piensan que la democracia es mentira y que los ciudadanos solo participamos en ella una vez cada cuatro años, depositando una papeleta en una urna.

Partidos que se hacen llamar socialistas y obreros no solo incumplen el 90% de sus promesas electorales, sino que actúan de manera totalmente opuesta a lo que anunciaron en sus programas, actuando contra trabajadores y gobernando en función de los dictados del mercado, ese ente sin rostro conformado por especuladores que nunca aparecieron en una lista electoral; personas que a las que no ponemos cara y de las que no conocemos ni siquiera su nombre, pero que han obligado a  hipotecar para siempre nuestros derechos en su propio beneficio con la inestimable ayuda del poder político.

¿Eso es democracia? ¿Eso es representar al pueblo?¿Para qué sirve nuestro voto?

De actos de sinvergonzonería como el de los eurodiputados tiene que salir la indignación popular que, como dice Stephan Hessel, ha de causar hoy la resistencia y reacción contra la dictadura de los mercados.

Los políticos ya han demostrado que ellos, en las circunstancias actuales, no se van a poner del lado de sus electores sino del de los mercados, y ante todo del suyo propio. Por eso siguen siendo una de las tres principales causas de preocupación para los españoles, y para muchas otras personas en todos los rincones de Europa. Pocos dicen confiar en ellos para sacarnos de esta situación. Y eso se refleja en la abstención registrada en comicios regionales y locales que han tenido lugar recientemente, por ejemplo, en Alemania o Francia.

Se aproximan las elecciones municipales en España, y el próximo año vendrán las generales. ¿Qué pasaría si el pueblo decidiera reaccionar con un 70% de votos en blanco?

De acuerdo, quizás no arreglaremos mucho. Pero al menos habremos demostrado coherencia. Ejerceríamos nuestro derecho y obligación de votar, sí, pero en blanco, mandado un mensaje muy claro de que nos sentimos engañados y estafados, que participamos en esta mentira de democracia porque no nos queda alternativa, haciendo que cualquier Gobierno elegido carezca de legitimidad y apoyo.

Por llamarlo de algún modo, y en términos similares a los empleados por los políticos para defender los recortes, sería un ‘plan de ajuste electoral’. Ellos nos quitan nuestros derechos porque lo dicen los mercados, y nosotros a ellos les retiramos el voto y la legitimidad democrática hasta que nos devuelvan lo que nos han robado. Así de sencillo.

Votar en blanco es sólo una idea. Repito: puede que no sirva de nada. Pero quizás así prendamos la mecha del cambio y lleguemos a provocar un Expediente de Regulación de Empleo (E.R.E) en el Congreso y el Senado. ¿Se imaginan despedir a todos aquellos políticos que sean prescindibles, los que chupan del bote y viajan en primera pero no realizan un trabajo trascendente para la ciudadanía? ¿Con cuántos de ellos nos quedaríamos?

Piensen por un momento en que llegará el día en que los titulares de los periódicos digan: ‘El paro entre la clase política supera ya el 20%. ¿Iríamos a peor los ciudadanos? ¿Acaso no merecería la pena?

Nosotros ya no tenemos mucho más que perder, pero sí mucho que ganar (o, mejor dicho, recuperar): nuestra dignidad y el sentido de la participación democrática.

‘Top ten’ de países compradores de armamento español en la última década:

Exportaciones de armamento entre 1999 y 2009, por países de destino y con valor expresado en millones de euros. Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior y Centro de Estudios para la Paz J.M Dèlas.

El principal cliente de la industria militar española en la última década ha sido Noruega, con un total de 1.088,9 millones de euros, seguido de Reino Unido (858,6 millones), Alemania (788,9 millones) e Italia (491,9 millones). Al país escandinavo se han vendido desde 2006 cuatro fragatas preparadas tanto para la guerra antisubmarina como en superficie, valoradas en más de 260 millones de euros cada una, y fabricadas por Navantia en sus astilleros de Ferrol. A sus más inmediatos seguidores, piezas y componentes para la fabricación del caza Eurofighter, del avión de transporte militar A400M, los helicópteros Tigre, los carros de combate Leopard y los misiles Meteor e Iris-T.

Las cifras oficiales de 2009 corroboran la tendencia de la última década: los países de la UE y de la OTAN son los principales receptores del material bélico español. Sin embargo, el volumen de exportaciones a la eurozona cada vez representa un porcentaje menor del total, registrándose una mayor apertura hacia otros continentes. Las ventas de material de defensa a países de la UE representaron durante el último año un 39,4 por ciento del total, frente al 59,8 de 2005 o el 79,6 de 2004.

De fuera de la zona OTAN-UE son el quinto y el sexto máximo receptor de armamento español en los últimos diez años: Malasia (341,5 millones) y Brasil (267,5 millones), respectivamente.

A pesar de que los países de la Alianza Atlántica y nuestros vecinos europeos son los principales mercados para las armas fabricadas en España, entre las naciones receptoras de armamento español en los últimos años aparecen algunas con un negro historial en la defensa de los Derechos Humanos, otras involucradas en conflictos armados y algunas en las que, según las ONG y algunos partidos políticos, existe riesgo de desvío o reexportación a países en guerra.

No es necesario salir del ‘top ten’ de países compradores de armamento español para encontrar a Marruecos, séptimo principal destino del armamento fabricado en España en los últimos diez años, a pesar de que las asociaciones pro saharauis denuncian la represión sistemática efectuada por el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental.

En 2009, el reino alauí pagó 31,1 millones de euros por 286 vehículos todo terreno, ambulancias y camiones cisterna, contraincendios y grúas no blindados, partes y piezas de aeronaves y repuestos de armas ligeras para sus Fuerzas Armadas. El año anterior, las transferencias a Rabat ascendieron hasta los 113,90 millones de euros por la venta de 1.015 vehículos militares todo terrenos no blindados.

También en 2009, después de la ofensiva militar ‘Plomo Fundido’, efectuada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, en la que murieron 1.380 palestinos, España realizó exportaciones a Israel por valor de unos 800.000 euros, de los que  624.000 correspondieron a bombas, torpedos, cohetes y misiles.

A pesar del conflicto que mantiene el Gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados, de las denuncias de detenciones arbitrarias de miles de personas, de las torturas y desapariciones de ciudadanos palestinos, y de los bombardeos contra asentamientos civiles como los realizados en el sur de Líbano (en 2006) o en la Franja de Gaza (a finales de 2008), todos los años se exportan materiales armamentísticos a Israel, país que en la última década ha comprado 14,9 millones de euros en armas fabricadas en España.

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La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales más importantes de nuestro país.

A pesar del secretismo que rodea a la industria, sus centros de producción en algunas ocasiones (como veremos a continuación) están situados en el centro histórico o en los suburbios de algunas de las principales ciudades españolas.

Y es que en España hay al menos 136 empresas de defensa, según el Directorio de la Industria Militar en España del Centro de Estudios Para la Paz JM Délas, dependiente de la Fundación Justícia i Pau de Barcelona. En primer lugar, cabe precisar lo que se entiende por empresa de defensa. Para ello, adoptaremos la definición del investigador Albert Caramés:

Se considera como tal a toda empresa o entidad que elabore bienes que sean considerados productos armamentísticos, así como a aquellas empresas o entidades dedicadas a la elaboración de componentes y a prestar servicios que contengan especificidades militares.

Entre las 136 empresas mencionadas en el Directorio de la Industria Militar en España hay algunas de las principales compañías españolas de los sectores aeronáutico, tecnológico o industrial, que dedican parte de su producción a la fabricación de armamento, piezas o componentes militares. Así, la marca Iveco Pegaso dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, y la empresa Zodiac Española S.A., destina el 3% de su actividad a embarcaciones neumáticas militares para el transporte de tropas. Junto a ellas aparecen otras compañías cuyo nombre es sobradamente conocido como Telefónica Soluciones, Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología (SVAT) o de Hispasat[5].

También hay compañías que prestan servicios con especificidades militares, como Iberia, que participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y del Ejército del Aire.

Pero de entre todas las empresas que se dedican a fabricar bienes, componentes o electrónica militar hay cuatro que destacan por encima del resto y que lideran los cuatro sectores punteros de la industria armamentística española. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia. Son las cuatro únicas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas; todas ellas eran estatales y a partir de los noventa comenzaron a pasar a manos privadas.

Nacida en 1923, la empresa aeroespacial Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) pasó a formar parte del grupo europeo EADS (y a llamarse EADS-CASA) en el año 2000. Desde entonces, comenzó a participar, junto a otras compañías de la UE en el diseño y desarrollo de grandes máquinas de combate, como los aviones Eurofighter, aviones de transporte militar Airbus Military, helicópteros de última generación Tiger y Eurocopter, satélites militares Skynet5 y sistemas de misiles antiaéreos. En total, el consorcio EADS emplea a 118.000 personas en todo el mundo y en 2009 facturó 42.822 millones de euros.

También en el año 2000, la fusión de las empresas públicas españolas de astilleros que integraban Astilleros Españoles (AESA), dio como resultado el Grupo IZAR, cuya segregación de activos dio lugar en 2005 a Navantia, que por su dimensión y capacidad tecnológica ocupa un puesto destacado en el concierto europeo y mundial de la construcción naval. Da empleo a 5.000 personas en sus astilleros Ferrol, Cádiz y Cartagena, y dedica gran parte de su producción a la fabricación de buques de guerra, submarinos, fragatas, corbetas y patrulleros militares. El sector naval ha sido junto al aeronáutico el más pujante en la última década. Navantia ha cerrado acuerdos para la fabricación de navíos militares con Noruega, Australia y Venezuela, entre otros países.

La empresa española líder en el sector terrestre, Santa Bárbara Sistemas, fue absorbida en 2001 por el quinto mayor fabricante mundial de armas, la estadounidense General Dynamics. Desde entonces ha participado, junto a otras empresas de países de la OTAN, en la fabricación entre otros de los carros de combate Leopard o del vehículo antiminas RG-31 Mk5E. Actualmente tiene 1.650 trabajadores en plantilla y reconoce dedicarse a la fabricación de vehículos de combate, sistemas de artillería, misiles y municiones.

La compañía que cierra el cuadrado de las cuatro principales empresas líderes de la industria militar española es Indra, dedicada a la producción de bienes, componentes y partes electrónico-tecnológicos. Indra participa en proyectos conjuntos de la UE y de la OTAN para el desarrollo, entre otros, de los misiles Meteor e Iris. Indra fabrica radares, sistemas de comunicación militares y espaciales, y también aviones no tripulados (UAS, por sus siglas  en inglés). Uno de sus productos estrella es el helicóptero no tripulado ‘Pelícano’, que estará listo en 2012 pero ya fue presentado durante la Feria de Defensa y Seguridad Eurosatory 2010, celebrada en París.

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España es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y solo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Las exportaciones españolas de material de defensa se han multiplicado por diez en la última década y, a pesar del contexto de profunda crisis económica, un 44% sólo en el último año. El valor total de las exportaciones de material bélico en 1999 fue de 141,65 millones de euros y de 1.346,5 millones en 2009.

La especial sensibilidad que generan las armas, utilizadas en conflictos que acaban con la vida de miles de inocentes en todo el mundo cada año, ha rodeado de un secretismo casi absoluto a la industria militar española. Sin embargo, España no solo ha crecido como potencia exportadora de armamento en los últimos años sino que también ha registrado notables avances en materia de transparencia y control sobre el comercio de armas.

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la Industria Militar en España, elaborado por el Centro de Estudios para la Paz J.M. Délas.

Según indican fuentes gubernamentales, actualmente hay alrededor de 200 empresas en nuestro país que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

Cuatro sectores principales.
El 80% del material de defensa exportado proviene de los cuatro sectores principales de la industria militar española, en cada uno de los cuales encontramos a las cuatro únicas empresas españolas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia.

Los flujos de exportación del armamento fabricado en España han tenido un carácter más regular y cuantitativo en la última década gracias a la entrada de esas empresas en programas conjuntos de la OTAN y de la UE para el diseño y la fabricación de los aviones de combate Eurofighter, las aeronaves de transporte A400M, los helicópteros Tiger, los misiles Meteor e Iris o el carro de combate Leopard.

Gran parte de las exportaciones realizadas (un 23% de lo exportado en 2009) son componentes, piezas y tecnologías para esas máquinas de guerra, cuyo ensamblaje se realiza en Alemania, Reino Unido e Italia. No obstante, también se fabrican en territorio español aviones militares, como los cinco entregados el año pasado a Portugal, o vehículos terrestres, como los más de 1.300 vendidos a Marruecos en 2008 y 2009.

El pujante sector naval.
El sector más pujante en los últimos años es el naval. Navantia ha cerrado acuerdos para la venta de buques de guerra y de vigilancia con Australia, Venezuela y Noruega, entre otros.

Pero también hay más de una decena de compañías españolas dedicadas a la fabricación de armamento y munición. Según denuncia la ONG Intermon Oxfam, España ha sido durante los últimos años el principal suministrador de munición de caza en África subsahariana. Y sólo en 2009, según las cifras oficiales, se exportaron 72,1 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles.

En el Atlas del militarismo en España en 2009 (Icaria, octubre de 2009), el investigador Pere Ortega cuenta el caso de Maxam Corp., un holding que agrupa a seis empresas en España, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), y que durante años se dedicó a la fabricación de minas antipersona y de las peligrosas bombas de racimo. Desde que el Parlamento prohibiese la fabricación y comercialización de ambos artefactos en nuestro país, Expal se dedica a su desactivación y destrucción. “Un negocio redondo”, señala Ortega.

Control parlamentario.
Respondiendo a las demandas de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Parlamento aprobó en diciembre de 2007 la primera ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (Ley 53/2007). A pesar de los temores iniciales suscitados en el sector, las medidas legales aprobadas para aumentar la transparencia en el comercio de armas no han afectado negativamente a sus exportaciones, que de 2007 a 2009 crecieron en un 44%.

La ley establece mecanismos para incrementar el control parlamentario sobre el comercio de armas y detalla en su artículo 8 una serie de criterios concretos para garantizar que las armas españolas no sean exportadas a países en conflicto ni utilizadas para violar los derechos humanos de la población civil en otras naciones. Así, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior está obligada a emitir informes periódicos al Congreso y a proporcionar información más detallada de lo habitual sobre las ventas superiores a 10 millones de euros y sobre las exportaciones a aquellos países considerados por el Gobierno como “destinos de especial sensibilidad”.

Las ONG Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace mantienen una valoración “positiva” de los tres primeros años de aplicación de la ley. Sin embargo, denuncian que se siguen vendiendo armas a países en conflicto o con un oscuro historial en materia de derechos humanos. Estas denuncias han sido realizadas también por algunos partidos políticos. El Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en la que se solicita al Gobierno el “riguroso cumplimiento” del artículo 8 de la Ley 53/2007.

“Se han vendido cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a destinos preocupantes porque están en conflicto armado, con situaciones de inestabilidad interna o de violaciones de los derechos humanos”, señalaba Gaspar Llamazares, diputado de IU, al defender el texto en el hemiciclo. Entre otras operaciones, se refería a la autorización en el primer semestre de 2009 para una venta de 1,29 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles a Sri Lanka. No fue hasta mayo de ese año cuando el ejército del país asiático dio por terminada la guerra civil que mantenía desde hacía más de dos décadas con los rebeldes tamiles. Durante la ofensiva final del ejército, entre enero y mayo, más de 7.000 civiles murieron y otros 14.000 resultaron heridos, según datos de Naciones Unidas.


“¿Cómo es posible que un controlador aéreo gane casi tres veces más que el presidente del Gobierno o un Ministro?”, se han preguntado muchos españoles en el último año y medio. Una pregunta que parte de una premisa falsa, como se ha evidenciado en las últimas semanas: los políticos empiezan a cobrarse los servicios prestados (con creces) una vez que abandonan sus cargos, cuando son contratados como asesores o consejeros de multinacionales a las que brindan la influencia, el prestigio y la información privilegiada que adquirieron mientras eran representantes públicos, elegidos por las urnas.

Mientras el gas y la electricidad siguen subiendo sin piedad ni freno, y a pesar de que la crisis ha hecho perder notablemente poder adquisitivo a los españoles de a pie, Gas Natural (participada a su vez por La Caixa y Repsol) anunciaba hace unas semanas el fichaje de Felipe González como “asesor independiente”. Un trabajo por el que el ex presidente socialista se embolsará  126.500 euros anuales. Y hace apenas unos días, fue Endesa la que informó de que había adquirido los servicios, también como asesor externo, del ex presidente José María Aznar, quien recibirá a cambio unos 200.000 euros anuales, según informó Europa Press.

No se trata de sus primeros empleos en la empresa privada, ni tampoco de sus primeros trabajos a ese nivel salarial. Además de una estrecha relación personal desde hace varias décadas, González ha tenido diversos contratos como consejero para empresas del magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según Forbes.

Aznar, por su parte, y poco después de abandonar la presidencia, comenzó a trabajar como consejero para el multimillonario australiano Rupert Murdoch en News Corp, un grupo empresarial que aglutina a la productora 20th Century Fox, a la editorial Harper Collins, a cadenas de televisión como Sky o Fox News, y hasta 175 periódicos distintos en todo el mundo, entre los que destacan el Wall Street Journal, The Times o The Sun. Además, el que fuese líder del Partido Popular ha trabajado para el fondo de inversión europeo Centaurus Capital, que tiene su sede en Londres pero opera desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán, con una cartera de valores de unos 4.500 millones de dólares (3.350 millones de euros). Y por si fuese poco, en 2004 decidió abrir junto con su esposa, Ana Botella, una sociedad llamada Famaztella (acrónimo de familia Aznar-Botella), en la que ambos figuran como únicos empleados y cuyo objeto social, según figura en el Registro Mercantil, es gestionar “la explotación de los derechos de propiedad intelectual” del ex presidente del Gobierno “en todas sus manifestaciones”. Es decir, gestionar los ingresos procedentes de los libros, artículos, conferencias y actos públicos protagonizados por Aznar. Pues bien, en 2009, el año más duro de la crisis, Famatzella facturó un total de 620.732 euros, un 13% más que en el ejercicio anterior.

A mí, personalmente, me parece grave e inmoral que ex políticos como Aznar o González pongan sus privilegiadas agendas de contactos y su enorme capacidad de influencia (que nunca hubiesen llegado a tener si no se les hubiese votado como presidentes del Gobierno) al servicio de multinacionales que hacen grandes negocios con ello. Y aunque suene a conspiranoico, conviene echar un vistazo al pasado y reflexionar sobre el papel que jugó Felipe González en la privatización de Gas Natural, o Eduardo Zaplana en la de Telefónica (de la que ahora es consejero).

La lista de ex altos cargos políticos que actualmente están vinculados o al frente de grandes empresas no se limita solo a los ex presidentes, también encontramos a varios ex ministros. Rodrigo Rato es actualmente presidente de Caja Madrid, y Narcís Serra de Caixa Catalunya. Javier Solana, que se retiró apenas hace un año y medio de la política, ya trabaja como asesor para la constructora Acciona. Y quizás, en unos años, cuando todo el escándalo de los controladores sea un lejano recuerdo, José Blanco será miembro del Consejo de Administración de la privatizada AENA.

Fuera de nuestro país también abundan los ejemplos: uno de los más claros es el del ex canciller alemán Gerard Schroeder, asesor del consorcio ruso-alemán del gas que él ayudó a crear.

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En los últimos meses nos hemos hartado de leer que el de los controladores aéreos es un colectivo privilegiado. Pues bien, desde hoy podemos afirmar con más precisión que se trata de una profesión para privilegiados: gracias a la “liberalización del sector” aprobada por decreto el pasado mes de febrero por nuestro Gobierno socialista, la Universidad Camilo José Cela comienza a impartir este lunes el primer curso privado para formar controladores.

Antes un joven de bajos o nulos ingresos, pero con las aptitudes necesarias, podía obtener una plaza de controlador aéreo. Ahora, tener muchos miles de euros es un requisito imprescindible.

Hasta hoy, para ser controlador aéreo había que pasar una especie de oposición muy dura convocada por AENA (los controladores no son funcionarios, no reciben ni un céntimo de las arcas públicas) a la que se presentaban 10.000 personas para 100 plazas. Los que obtenían una de las vacantes tenían que pasar después un periodo de formación intenso: un curso a jornada completa que duraba dos años,  y del cual podían eran expulsados si suspendían los examenes periódicos de evaluación, y otros tres meses a modo de prácticas en la torre antes de poder comenzar a ejercer su profesión. Una profesión en la que, debido a la cantidad de vidas humanas que dependen de ella, cualquier negligencia está penada automáticamente con la cárcel.

Sin embargo, a partir de hoy, para ser controlador basta con apuntarse a uno de estos cursos que, como el de la Universidad Camilo José Cela, cuestan un mínimo de 45.000 euros.

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