La industria militar en España

Publicado: 5 febrero, 2011 en Actualidad, España
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España es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y solo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Las exportaciones españolas de material de defensa se han multiplicado por diez en la última década y, a pesar del contexto de profunda crisis económica, un 44% sólo en el último año. El valor total de las exportaciones de material bélico en 1999 fue de 141,65 millones de euros y de 1.346,5 millones en 2009.

La especial sensibilidad que generan las armas, utilizadas en conflictos que acaban con la vida de miles de inocentes en todo el mundo cada año, ha rodeado de un secretismo casi absoluto a la industria militar española. Sin embargo, España no solo ha crecido como potencia exportadora de armamento en los últimos años sino que también ha registrado notables avances en materia de transparencia y control sobre el comercio de armas.

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la Industria Militar en España, elaborado por el Centro de Estudios para la Paz J.M. Délas.

Según indican fuentes gubernamentales, actualmente hay alrededor de 200 empresas en nuestro país que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

Cuatro sectores principales.
El 80% del material de defensa exportado proviene de los cuatro sectores principales de la industria militar española, en cada uno de los cuales encontramos a las cuatro únicas empresas españolas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia.

Los flujos de exportación del armamento fabricado en España han tenido un carácter más regular y cuantitativo en la última década gracias a la entrada de esas empresas en programas conjuntos de la OTAN y de la UE para el diseño y la fabricación de los aviones de combate Eurofighter, las aeronaves de transporte A400M, los helicópteros Tiger, los misiles Meteor e Iris o el carro de combate Leopard.

Gran parte de las exportaciones realizadas (un 23% de lo exportado en 2009) son componentes, piezas y tecnologías para esas máquinas de guerra, cuyo ensamblaje se realiza en Alemania, Reino Unido e Italia. No obstante, también se fabrican en territorio español aviones militares, como los cinco entregados el año pasado a Portugal, o vehículos terrestres, como los más de 1.300 vendidos a Marruecos en 2008 y 2009.

El pujante sector naval.
El sector más pujante en los últimos años es el naval. Navantia ha cerrado acuerdos para la venta de buques de guerra y de vigilancia con Australia, Venezuela y Noruega, entre otros.

Pero también hay más de una decena de compañías españolas dedicadas a la fabricación de armamento y munición. Según denuncia la ONG Intermon Oxfam, España ha sido durante los últimos años el principal suministrador de munición de caza en África subsahariana. Y sólo en 2009, según las cifras oficiales, se exportaron 72,1 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles.

En el Atlas del militarismo en España en 2009 (Icaria, octubre de 2009), el investigador Pere Ortega cuenta el caso de Maxam Corp., un holding que agrupa a seis empresas en España, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), y que durante años se dedicó a la fabricación de minas antipersona y de las peligrosas bombas de racimo. Desde que el Parlamento prohibiese la fabricación y comercialización de ambos artefactos en nuestro país, Expal se dedica a su desactivación y destrucción. “Un negocio redondo”, señala Ortega.

Control parlamentario.
Respondiendo a las demandas de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Parlamento aprobó en diciembre de 2007 la primera ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (Ley 53/2007). A pesar de los temores iniciales suscitados en el sector, las medidas legales aprobadas para aumentar la transparencia en el comercio de armas no han afectado negativamente a sus exportaciones, que de 2007 a 2009 crecieron en un 44%.

La ley establece mecanismos para incrementar el control parlamentario sobre el comercio de armas y detalla en su artículo 8 una serie de criterios concretos para garantizar que las armas españolas no sean exportadas a países en conflicto ni utilizadas para violar los derechos humanos de la población civil en otras naciones. Así, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior está obligada a emitir informes periódicos al Congreso y a proporcionar información más detallada de lo habitual sobre las ventas superiores a 10 millones de euros y sobre las exportaciones a aquellos países considerados por el Gobierno como “destinos de especial sensibilidad”.

Las ONG Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace mantienen una valoración “positiva” de los tres primeros años de aplicación de la ley. Sin embargo, denuncian que se siguen vendiendo armas a países en conflicto o con un oscuro historial en materia de derechos humanos. Estas denuncias han sido realizadas también por algunos partidos políticos. El Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en la que se solicita al Gobierno el “riguroso cumplimiento” del artículo 8 de la Ley 53/2007.

“Se han vendido cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a destinos preocupantes porque están en conflicto armado, con situaciones de inestabilidad interna o de violaciones de los derechos humanos”, señalaba Gaspar Llamazares, diputado de IU, al defender el texto en el hemiciclo. Entre otras operaciones, se refería a la autorización en el primer semestre de 2009 para una venta de 1,29 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles a Sri Lanka. No fue hasta mayo de ese año cuando el ejército del país asiático dio por terminada la guerra civil que mantenía desde hacía más de dos décadas con los rebeldes tamiles. Durante la ofensiva final del ejército, entre enero y mayo, más de 7.000 civiles murieron y otros 14.000 resultaron heridos, según datos de Naciones Unidas.

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