Archivos para agosto, 2010

Paseando la impunidad

Publicado: 30 agosto, 2010 en Actualidad, Mundo

El presidente de Sudán, Omar al Bashir, continúa paseando su impunidad por el continente africano. A pesar de estar en búsqueda y captura por el Tribunal Penal Internacional (TPI), acusado de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en Darfur, el pasado viernes estuvo en Nairobi, capital de Kenia, lanzando un nuevo desafío a la justicia internacional.

Al Bashir viajó el viernes a Nairobi, a invitación del Gobierno keniano, para asistir en las celebraciones de la promulgación de la nueva Constitución de Kenia. Se trata de su segundo viaje al extranjero en menos de un mes, ya que entre el 21 y el 23 de julio pasados estuvo en Chad.

La actitud permisiva y hasta cómplice de muchos gobiernos africanos con el presidente sudanés comienza a irritar al tribunal y a otros organismos de la comunidad internacional. En un comunicado remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el TPI recordaba que tanto Kenia como Chad “tienen la clara obligación” de “hacer cumplir con las órdenes de arresto emitidas contra Al Bashir”

El mismísimo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo padre era keniano, también expresó el viernes su profunda “decepción” con el Gobierno de Kenia por haber invitado a Al Bashir, en incumplimiento de sus obligaciones con la justicia internacional.

Kenia y Chad son países firmantes del Estatuto de Roma, por el cual quedó instaurado el TPI en 2002, y por lo tanto tienen la obligación de cooperar y hacer cumplir con las resoluciones de la corte. Sin embargo, en los últimos meses muchos han sido los dirigentes africanos que han cerrado filas en torno al presunto genocida. De hecho,  la Unión Africana (UA) comunicó el pasado mes de julio a Naciones Unidas que sus países miembros se negarían a colaborar con la corte internacional y cumplir las órdenes de arresto contra Al Bashir, otorgándole carta blanca al presidente sudanés para poder viajar por todo el continente.

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  “Ahora sí, puedo decir que el Atlético es el mejor equipo de Europa”, decía el ‘Kun’ Agüero nada más acabar el partido de ayer en Mónaco.  Sí, el muchacho era víctima de una euforia desmedida y puede que exagerase. Sin embargo, una vez más, el Atlético dejó claro que como él no hay ninguno, ni en el continente ni en el mundo.

Cualquiera (ocho de cada diez atléticos incluidos) daba por imposible que Forlán, Reyes y compañía fueran a derrotar al Inter de Milán, que venía de de ganar los cuatro títulos que había disputado durante el último año. Pero en el fondo todos sabían que, si había algún equipo capaz de hacerlo, ése era el Atleti. Y lo hizo a lo grande, exhibiéndose ante toda Europa. Hace nueve meses estaba al borde del descenso y hoy es el campeón de la Supercopa europea. Y lo seguirá siendo hasta dentro de un año. Un nuevo capítulo de las permanentes contrariedades que tiene este club, esas que lo hacen tan especial. Una victoria que sirve de respuesta para la famosa preguntita del anuncio: ‘¿Por qué somos del Atleti?’.  Una preguta que, a su vez, tiene muchas respuestas, cada una con una historia personal y, sobre todo, muchos sentimientos detrás.

¿Por qué soy del atleti yo? Aquí van algunas respuestas:

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Julian Assange, fundador de Wikileaks,  está en las fauces del lobo del poder y de la censura. Ha tenido la osadía, el ingenio y la responsabilidad periodística necesarios para que podamos conocer lo que realmente está ocurriendo en Afganistán.  A finales de julio, su web publicó la mayor filtración salida nunca desde el interior del Ejército estadounidense: 76.000 folios de documentos secretos que revelan un panorama descarnador en Afganistán y que certifican que el número de víctimas civiles producidas por las tropas de la OTAN es muy superior al que se reconoce oficialmente

Informes diarios escritos por militares estadounidenses en el campo de batalla que muestran la crudeza de la guerra al desnudo, sin filtros oficiales. Ahora, Assange y Wikileaks se han convertido en los enemigos ‘número uno’ del Pentágono y del Gobierno de Estados Unidos, máximos representantes del poder militar y político actual.

Desde la aparición de estos documentos el Pentágono ha lanzado una feroz batalla legal con la que pretende imponer la censura y evitar que Wikileaks cumpla su amenaza de publicar próximamente otros 14.000 folios con información aún más comprometedora. La semana pasada un abogado del Departamento de Defensa de Estados Unidos enviaba la siguiente carta a los representantes legales de Wikileaks: leer.  En ella, Washington insiste en exigir a los responsables de la web que destruyan toda la información que poseen y advierte, una vez más, que la publicación y la tenencia de los documentos supone una “violación” de la ley norteamericana.

La revelación de dichos documentos, según el Pentágono, pone en peligro la vida de las tropas internacionales desplegadas en el país centroasiático y de los propios ciudadanos afganos, en especial de aquellos que “están colaborando” con los ejércitos occidentales en “sus esfuerzos por llevar la paz y la estabilidad para esa parte del mundo”. Y claro, para el mayor Ejército del mundo, esos argumentos deben prevalecer sobre el derecho universal a informar y ser informados de forma veraz.

Ante el cerco y el acoso de las autoridades norteamericanas, que buscan la manera de poder cerrar Wikileaks, Assange anunció la semana pasada que estaba estudiando la posibilidad de trasladar todos los servidores de su web a Suecia, país en el que se encuentra de visita y que es conocido como uno de los paraísos para la libertad en Internet por dar cobijo, entre otros, a la plataforma Pirate Bay. Las leyes suecas prohiben la publicación de documentos que puedan suponer un perjuicio para la seguridad nacional, pero no hacen mención sobre aquellos textos que comprometan la seguridad de otros países.

Sin embargo, la invisible mano del poder le ha mandado una advertencia a Assange de que si no es por lo civil, le detendrá por lo criminal: ayer, sábado, la Fiscalía sueca emitía una orden de captura en su contra acusándole de haber intentado violar a dos mujeres la semana pasada. Mucha coincidencia que alguien que tiene al mismísimo Gobierno de Estados Unidos vigilando todos sus pasos se dedique a acosar o tratar de violar a alguien. También es casualidad que ninguna de las dos mujeres presentara una denuncia formal contra Assange, sino que fuesen las autoridades suecas las que iniciasen por su propia cuenta una investigación. Igual de estrambótico resulta que horas más tarde la fiscal general del país escandinavo anunciase la retirada de la orden de detención por no existir pruebas del delito referido. Eso sí, advirtiendo al mismo tiempo que la investigación “sigue abierta”. 

Los verdaderos delitos cometidos por Assange y Wikileaks no son otros que los de enfrentarse al poder, saltarse la censura y contar qué está pasando realmente en una guerra a la que se ha destinado una cantidad ingente de dinero con la que bien podría haberse combatido la pobreza o el hambre, verdaderas formas de terrorismo y auténticas armas de destrucción masiva para la humanidad.

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“Recuperar de Irak las armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Sadam Hussein al terrorismo y lograr la libertad para el pueblo iraquí”,  eran los argumentos con los que George W. Bush, respaldado por Tony Blair y José María Aznar, defendía la denominada Operación libertad Iraquí. Ante la marcha de la última brigada de soldados de combate estadounidenses de Irak, siete años y medio después de la invasión, evaluemos los resultados de una guerra basada en mentiras y recordemos los motivos que llevaron a millones de ciudadanos de todo el mundo a salir a las calles en febrero de 2003 para gritar con fuerza ‘No a la Guerra’ .

Empecemos por uno de los principales objetivos alcanzados: la democracia existe actualmente en Irak, sí, pero es de una notoria debilidad. Los iraquíes han ido a las urnas dos veces, en 2005 y en marzo de 2010. Sin embargo, cinco meses después de la celebración de las últimas elecciones generales, los partidos iraquíes (divididos en la defensa de los intereses de suníes, chiíes y kurdos) aún no han conseguido llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición. Y cuantos más avanza el tiempo, más distanciadas están las partes, llevando a un callejón sin salida al país del que los grupos armados aparecidos tras la caída de Sadam intentarán aprovecharse.

Una de las mentiras arguidas por el trío de las Azores, aunque esta pueda ser una medio verdad, es que la invasión iba a proporcionar libertad a los iraquíes. Medio verdad porque los iraquíes se han librado de la opresión y han visto reconocidos sus derechos civiles. Sin embargo, el surgimiento de grupos terroristas y milicias armadas desde la invasión norteamericana fue espectacular, llegando a una situación de virtual guerra civil en 2006 y 2007 y disparando la inseguridad de los ciudadanos. 

Resulta que fue precisamente George W. Bush el que, tras los atentados del 11-S, prácticamente abolió la presunción de inocencia en Estados Unidos gracias a la Patriotic Act, defendiendo aquello de que que había que estar dispuestos a someternos a mayores controles de seguridad, renunciando a parte de nuestros derechos, porque sin seguridad no se pueden desarrollar nuestras libertades.

Pues bien, hoy la situación de inseguridad y el número de atentados mortales por parte de milicias armadas es mayor que antes de 2003, sirva como ejemplo el atentado del pasado martes contra un centro de reclutamiento del Ejército en Bagdad, que dejó un saldo de al menos 57 muertos y 120 heridos

Además, desde el inicio de la invasión occidental han fallecido entre 97.000 y 106.000 civiles iraquíes, en su inmensa mayoría como resultado de los atentados perpetrados por grupos armados armados (suníes, chiíes y kurdas) que aparecieron después de la caída del régimen de Sadam, según datos de ‘Irak Body Count’, que basa sus cálculos en informaciones de prensa, fuentes hospitalarias, cifras de ONG y cifras oficiales. 

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Su nombre es Zoltan Lendvai, un sacerdote húngaro que se ha convertido en una estrella en su país gracias a Youtube y a su curiosa forma de predicar. El vídeo ha recibido en  unos días más de 210.000 visitas, lo que ha llamado la atención de los medios internacionales.

En una entrevista a la agencia Reuters afirma que trata de seguir los pasos de San Juan Bosco, el padre de los Salesianos, acercándose a los jóvenes a través del deporte y los juegos. Cuenta que son muchos los menores que nunca habían asistido a la iglesia y lo han hecho después de que les enseñara un par de trucos con el patinete.

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En los últimos meses nos hemos hartado de leer que el de los controladores aéreos es un colectivo privilegiado. Pues bien, desde hoy podemos afirmar con más precisión que se trata de una profesión para privilegiados: gracias a la “liberalización del sector” aprobada por decreto el pasado mes de febrero por nuestro Gobierno socialista, la Universidad Camilo José Cela comienza a impartir este lunes el primer curso privado para formar controladores.

Antes un joven de bajos o nulos ingresos, pero con las aptitudes necesarias, podía obtener una plaza de controlador aéreo. Ahora, tener muchos miles de euros es un requisito imprescindible.

Hasta hoy, para ser controlador aéreo había que pasar una especie de oposición muy dura convocada por AENA (los controladores no son funcionarios, no reciben ni un céntimo de las arcas públicas) a la que se presentaban 10.000 personas para 100 plazas. Los que obtenían una de las vacantes tenían que pasar después un periodo de formación intenso: un curso a jornada completa que duraba dos años,  y del cual podían eran expulsados si suspendían los examenes periódicos de evaluación, y otros tres meses a modo de prácticas en la torre antes de poder comenzar a ejercer su profesión. Una profesión en la que, debido a la cantidad de vidas humanas que dependen de ella, cualquier negligencia está penada automáticamente con la cárcel.

Sin embargo, a partir de hoy, para ser controlador basta con apuntarse a uno de estos cursos que, como el de la Universidad Camilo José Cela, cuestan un mínimo de 45.000 euros.

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