Cada 16 de febrero, la capital de Corea del Norte, Pyongyang, luce de gala para honrar a su ‘querido líder’, Kim Jong-Il, quien este año ha cumplido 69 años.

A pesar de los problemas económicos y de escasez de alimentos que enfrenta el país, al dirigente no le faltaron festejos: asistió a una exhibición de natación sincronzada, a un festival de patinaje artístico, al estreno de una película local y a una feria floral dedicada a la Kimjongilia, una begonia híbrida que recibe ese nombre en su honor.

Hace unos meses hice una entrevista al único extranjero que trabaja como funcionario para el Gobierno norcoreano. Para quien quiera conocer más en profundidad las especificidades de ese peculiar país asiático:  http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=60652&idseccio_PK=616&h=100219

“¡Oh, Dios mío! ¡Peligra el Gran Premio de F-1 de Bahrain! ¿Qué vamos a hacer?”, escribía irónicamente un amigo mío ayer en su Facebook.

Y es que, los diarios deportivos españoles traían como noticia de portada que las protestas ciudadanas desatadas en Bahrain para exigir libertad, reformas políticas y sociales, podrían obligar a cancelar el comienzo del mundial de Fórmula-1, cuyo inicio estaba previsto para este fin de semana en ese emirato árabe.

As, Marca, Sport… para todos parecía una tragedia que los niños pijos pilotos no puedan subirse a sus millonarios coches y dar inicio al ‘circo de la Fórmula 1′.

- “¡Por Dios, van a cancelar las carreras! ¡Y todo por un grupo de unos pocos miles de manifestantes que piden democracia!”.

- “¿Demo qué?”.

- “¡Demcoracia! Y encima parece que con su maldita protesta van a conseguir dejar sin carreras a los millones de aficionados de todo el mundo que querían ver el inicio del mundial”.

- “¿Pero qué está pasando? El mundo se está volviendo loco…Nos dejan sin fórmula uno un puñado de “inconformes” por motivos políticos. No hay derecho”.

Conversaciones similares debieron tener lugar ayer en las redacciones de los periódicos deportivos españoles.
Digo debieron porque no tengo confirmación, pero lo puedo suponer. Si no, no tiene explicación que el Redactor Jefe de Motor de As (no un redactor cualquiera, ni un becario, no, todo un señor Redactor Jefe), Raúl Romojaro, escribiese un artículo titulado: “La política complica el deporte”.

El señor Romojaro, que parece no ser capaz de ver más allá del deporte, ni comprender lo que está sucediendo en el mundo árabe desde hace más de un mes y medio, comienza su artículo defendiendo la importancia del deporte porque: “Supone un alivio para muchas de nuestras tensiones cotidianas, una válvula de escape para la presión inevitable en estos tiempos convulsos. Aleja nuestra mente y nuestro ánimo, siquiera por unos instantes, de la política, de la economía, de las obligaciones y de los problemas cotidianos”.

Prosigue reconociendo y lamentando que “ni el propio deporte es ajeno a los conflictos” y que “su protagonismo social, su función de amplificador de enorme potencia, ya ha sido utilizado anteriormente (con fines políticos)… y parece que puede volver a ocurrir”, en referencia a que el inicio de la F-1 “está en la cuerda floja si la situación se complica en Bahrain”.

Es decir, que esos manifestantes que llevan varios días jugándose la vida en Bahrain contra una monarquía tirana que, según organizaciones como Human Rights Watch, utiliza la tortura de forma sistemática y lleva rigiendo el país desde el siglo XIX, ¡quieren “utilizar” la Fórmula 1 para reclamar su libertad, sus derechos a manifestarse, a reunirse, a formar partidos políticos, a poder expresar su opinión libremente! ¡Qué indecencia!

Y por si su sesudo y plural análisis de lo que está ocurriendo no hubiese sido suficiente, Romojaro sigue diciendo que el posible “sabotaje de la carrera” por parte de quienes se manifiestan en Bahrain “sería una pésima noticia para los que deseamos disfrutar de ella”. “Y tampoco creo que sea la solución a sus problemas…”, concluye.

Al señor Redactor Jefe de Motor de As lo único que le preocupa es que los manifestantes puedan sabotear el Gran Premio, que le dejen sin su “válvula de escape para los problemas cotidianos”. Y la pésima noticia no es que la F-1 haya elegido un país en el que no existe libertad, no. La pésima noticia es que se cancele la carrera.

La posibilidad de que veintitantos pilotos se suban a sus millonarios vehículos para continuar con su ‘circo’ mientras al otro lado del muro del circuito mueren personas (al menos 4 desde el lunes) por la brutal represión ejercida por la Policía de Bahréin contra los manifestantes, no supone ninguna inmoralidad. De hecho, ¿a quién le importa que esté muriendo gente? Lo importante es “aliviar” nuestras “tensiones cotidianas” con la carrera.

Por si fuera poco, nos deja otra perla más en medio de su artículo: “No me parece éste (su periódico, As) el foro para debatir si están justificadas o no las intenciones de quienes podrían sabotear la prueba en defensa de sus derechos”.

Porque claro -debe pensar-, al dedicarse a la información deportiva, ¿qué obligación tiene él de cumplir la labor social de todo periodista de dar a conocer a sus lectores las causas de por qué su Gran Premio se va a cancelar?

Que conste ante todo que no tengo absolutamente nada en contra de la prensa deportiva. De hecho, mi afición al periodismo provino de mi pasión por el deporte. Y me encantaría trabajar en la sección de deportes de muchos diarios nacionales o regionales, que son de una calidad literaria excelente, de un rigor al que no se le pueden poner peros y de una capacidad de análisis y de enfoque soberbia.

Pero sí estoy radicalmente en contra de los periódicos y periodistas que favorecen el embrutecimiento de las masas. No puedo con ello, y por eso me parece deplorable el enfoque que los periódicos deportivos y algunos periodistas, como el citado anteriormente, le están dando a la posible cancelación del G.P de Bahrein.

La prensa deportiva podría contribuir mucho más a la reducción de las injusticias sociales y a la erradicación de las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.  Desde la primera ocasión en la que Bahrein fue introducido como Gran Premio del Mundial de F-1, los periódicos deportivos podrían haber informado a sus lectores de que es un país que, a pesar de sus riquezas petroleras, está regido por una tremenda desigualdad, una fuerte represión institucional, y una familia real que ocupa los ministerios y cargos de dirección del país, manejando a su antojo la nación y a sus “súbditos”.

Quizás así, informando a sus lectores de algo más importante que lo que ha desayunado Fernando Alonso antes de la carrera, habrían conseguido meter presión para que los dirigentes de la F-1 retirasen del calendario a una nación que no es, ni más ni menos, que una monarquía feudal viva en pleno siglo XXI, por mucho que decoren de lujo, glamour y modernos edificios los sitios turísticos, reservados para extranjeros y élites, que hay en el país.

Los mayores beneficiados habrían sido los periodistas deportivos y los aficionados a la F-1,  porque si hubiesen ejercido esa presión y la organización hubiera decidido retirar del calendario la carrera de Bahrain, los manifestantes de ese país no estarían amenazando ahora la “válvula de escape” de nadie y, quizás, hasta habríamos contribuido a hacerles libres.

Desde el periodismo deportivo se puede ayudar a dar a conocer y a promover el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es de ley y es necesario. Son derechos inalienables y cuyo cumplimiento es esencial para hacer del mundo un lugar más justo, en el que reine el ‘fair play’ social.

Los derechos humanos, por muy aficionados al deporte que seamos, están infinitamente por encima del supuesto derecho que parece defender Romojaro a la celebración de espectáculos deportivos y a la evasión de las realidades cotidianas. Defender su cumplimiento es obligación de toda persona y de todo periodista.

‘Top ten’ de países compradores de armamento español en la última década:

Exportaciones de armamento entre 1999 y 2009, por países de destino y con valor expresado en millones de euros. Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior y Centro de Estudios para la Paz J.M Dèlas.

El principal cliente de la industria militar española en la última década ha sido Noruega, con un total de 1.088,9 millones de euros, seguido de Reino Unido (858,6 millones), Alemania (788,9 millones) e Italia (491,9 millones). Al país escandinavo se han vendido desde 2006 cuatro fragatas preparadas tanto para la guerra antisubmarina como en superficie, valoradas en más de 260 millones de euros cada una, y fabricadas por Navantia en sus astilleros de Ferrol. A sus más inmediatos seguidores, piezas y componentes para la fabricación del caza Eurofighter, del avión de transporte militar A400M, los helicópteros Tigre, los carros de combate Leopard y los misiles Meteor e Iris-T.

Las cifras oficiales de 2009 corroboran la tendencia de la última década: los países de la UE y de la OTAN son los principales receptores del material bélico español. Sin embargo, el volumen de exportaciones a la eurozona cada vez representa un porcentaje menor del total, registrándose una mayor apertura hacia otros continentes. Las ventas de material de defensa a países de la UE representaron durante el último año un 39,4 por ciento del total, frente al 59,8 de 2005 o el 79,6 de 2004.

De fuera de la zona OTAN-UE son el quinto y el sexto máximo receptor de armamento español en los últimos diez años: Malasia (341,5 millones) y Brasil (267,5 millones), respectivamente.

A pesar de que los países de la Alianza Atlántica y nuestros vecinos europeos son los principales mercados para las armas fabricadas en España, entre las naciones receptoras de armamento español en los últimos años aparecen algunas con un negro historial en la defensa de los Derechos Humanos, otras involucradas en conflictos armados y algunas en las que, según las ONG y algunos partidos políticos, existe riesgo de desvío o reexportación a países en guerra.

No es necesario salir del ‘top ten’ de países compradores de armamento español para encontrar a Marruecos, séptimo principal destino del armamento fabricado en España en los últimos diez años, a pesar de que las asociaciones pro saharauis denuncian la represión sistemática efectuada por el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental.

En 2009, el reino alauí pagó 31,1 millones de euros por 286 vehículos todo terreno, ambulancias y camiones cisterna, contraincendios y grúas no blindados, partes y piezas de aeronaves y repuestos de armas ligeras para sus Fuerzas Armadas. El año anterior, las transferencias a Rabat ascendieron hasta los 113,90 millones de euros por la venta de 1.015 vehículos militares todo terrenos no blindados.

También en 2009, después de la ofensiva militar ‘Plomo Fundido’, efectuada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, en la que murieron 1.380 palestinos, España realizó exportaciones a Israel por valor de unos 800.000 euros, de los que  624.000 correspondieron a bombas, torpedos, cohetes y misiles.

A pesar del conflicto que mantiene el Gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados, de las denuncias de detenciones arbitrarias de miles de personas, de las torturas y desapariciones de ciudadanos palestinos, y de los bombardeos contra asentamientos civiles como los realizados en el sur de Líbano (en 2006) o en la Franja de Gaza (a finales de 2008), todos los años se exportan materiales armamentísticos a Israel, país que en la última década ha comprado 14,9 millones de euros en armas fabricadas en España.

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La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales más importantes de nuestro país.

A pesar del secretismo que rodea a la industria, sus centros de producción en algunas ocasiones (como veremos a continuación) están situados en el centro histórico o en los suburbios de algunas de las principales ciudades españolas.

Y es que en España hay al menos 136 empresas de defensa, según el Directorio de la Industria Militar en España del Centro de Estudios Para la Paz JM Délas, dependiente de la Fundación Justícia i Pau de Barcelona. En primer lugar, cabe precisar lo que se entiende por empresa de defensa. Para ello, adoptaremos la definición del investigador Albert Caramés:

Se considera como tal a toda empresa o entidad que elabore bienes que sean considerados productos armamentísticos, así como a aquellas empresas o entidades dedicadas a la elaboración de componentes y a prestar servicios que contengan especificidades militares.

Entre las 136 empresas mencionadas en el Directorio de la Industria Militar en España hay algunas de las principales compañías españolas de los sectores aeronáutico, tecnológico o industrial, que dedican parte de su producción a la fabricación de armamento, piezas o componentes militares. Así, la marca Iveco Pegaso dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, y la empresa Zodiac Española S.A., destina el 3% de su actividad a embarcaciones neumáticas militares para el transporte de tropas. Junto a ellas aparecen otras compañías cuyo nombre es sobradamente conocido como Telefónica Soluciones, Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología (SVAT) o de Hispasat[5].

También hay compañías que prestan servicios con especificidades militares, como Iberia, que participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y del Ejército del Aire.

Pero de entre todas las empresas que se dedican a fabricar bienes, componentes o electrónica militar hay cuatro que destacan por encima del resto y que lideran los cuatro sectores punteros de la industria armamentística española. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia. Son las cuatro únicas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas; todas ellas eran estatales y a partir de los noventa comenzaron a pasar a manos privadas.

Nacida en 1923, la empresa aeroespacial Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) pasó a formar parte del grupo europeo EADS (y a llamarse EADS-CASA) en el año 2000. Desde entonces, comenzó a participar, junto a otras compañías de la UE en el diseño y desarrollo de grandes máquinas de combate, como los aviones Eurofighter, aviones de transporte militar Airbus Military, helicópteros de última generación Tiger y Eurocopter, satélites militares Skynet5 y sistemas de misiles antiaéreos. En total, el consorcio EADS emplea a 118.000 personas en todo el mundo y en 2009 facturó 42.822 millones de euros.

También en el año 2000, la fusión de las empresas públicas españolas de astilleros que integraban Astilleros Españoles (AESA), dio como resultado el Grupo IZAR, cuya segregación de activos dio lugar en 2005 a Navantia, que por su dimensión y capacidad tecnológica ocupa un puesto destacado en el concierto europeo y mundial de la construcción naval. Da empleo a 5.000 personas en sus astilleros Ferrol, Cádiz y Cartagena, y dedica gran parte de su producción a la fabricación de buques de guerra, submarinos, fragatas, corbetas y patrulleros militares. El sector naval ha sido junto al aeronáutico el más pujante en la última década. Navantia ha cerrado acuerdos para la fabricación de navíos militares con Noruega, Australia y Venezuela, entre otros países.

La empresa española líder en el sector terrestre, Santa Bárbara Sistemas, fue absorbida en 2001 por el quinto mayor fabricante mundial de armas, la estadounidense General Dynamics. Desde entonces ha participado, junto a otras empresas de países de la OTAN, en la fabricación entre otros de los carros de combate Leopard o del vehículo antiminas RG-31 Mk5E. Actualmente tiene 1.650 trabajadores en plantilla y reconoce dedicarse a la fabricación de vehículos de combate, sistemas de artillería, misiles y municiones.

La compañía que cierra el cuadrado de las cuatro principales empresas líderes de la industria militar española es Indra, dedicada a la producción de bienes, componentes y partes electrónico-tecnológicos. Indra participa en proyectos conjuntos de la UE y de la OTAN para el desarrollo, entre otros, de los misiles Meteor e Iris. Indra fabrica radares, sistemas de comunicación militares y espaciales, y también aviones no tripulados (UAS, por sus siglas  en inglés). Uno de sus productos estrella es el helicóptero no tripulado ‘Pelícano’, que estará listo en 2012 pero ya fue presentado durante la Feria de Defensa y Seguridad Eurosatory 2010, celebrada en París.

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España es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y solo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Las exportaciones españolas de material de defensa se han multiplicado por diez en la última década y, a pesar del contexto de profunda crisis económica, un 44% sólo en el último año. El valor total de las exportaciones de material bélico en 1999 fue de 141,65 millones de euros y de 1.346,5 millones en 2009.

La especial sensibilidad que generan las armas, utilizadas en conflictos que acaban con la vida de miles de inocentes en todo el mundo cada año, ha rodeado de un secretismo casi absoluto a la industria militar española. Sin embargo, España no solo ha crecido como potencia exportadora de armamento en los últimos años sino que también ha registrado notables avances en materia de transparencia y control sobre el comercio de armas.

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la Industria Militar en España, elaborado por el Centro de Estudios para la Paz J.M. Délas.

Según indican fuentes gubernamentales, actualmente hay alrededor de 200 empresas en nuestro país que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

Cuatro sectores principales.
El 80% del material de defensa exportado proviene de los cuatro sectores principales de la industria militar española, en cada uno de los cuales encontramos a las cuatro únicas empresas españolas incluidas por el SIPRI en su ranking de los 100 principales productores mundiales de armas. El sector aeronáutico está encabezado por CASA (que forma parte del consorcio europeo EADS), el sector terrestre por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), el electrónico-tecnológico por Indra y el naval por Navantia.

Los flujos de exportación del armamento fabricado en España han tenido un carácter más regular y cuantitativo en la última década gracias a la entrada de esas empresas en programas conjuntos de la OTAN y de la UE para el diseño y la fabricación de los aviones de combate Eurofighter, las aeronaves de transporte A400M, los helicópteros Tiger, los misiles Meteor e Iris o el carro de combate Leopard.

Gran parte de las exportaciones realizadas (un 23% de lo exportado en 2009) son componentes, piezas y tecnologías para esas máquinas de guerra, cuyo ensamblaje se realiza en Alemania, Reino Unido e Italia. No obstante, también se fabrican en territorio español aviones militares, como los cinco entregados el año pasado a Portugal, o vehículos terrestres, como los más de 1.300 vendidos a Marruecos en 2008 y 2009.

El pujante sector naval.
El sector más pujante en los últimos años es el naval. Navantia ha cerrado acuerdos para la venta de buques de guerra y de vigilancia con Australia, Venezuela y Noruega, entre otros.

Pero también hay más de una decena de compañías españolas dedicadas a la fabricación de armamento y munición. Según denuncia la ONG Intermon Oxfam, España ha sido durante los últimos años el principal suministrador de munición de caza en África subsahariana. Y sólo en 2009, según las cifras oficiales, se exportaron 72,1 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles.

En el Atlas del militarismo en España en 2009 (Icaria, octubre de 2009), el investigador Pere Ortega cuenta el caso de Maxam Corp., un holding que agrupa a seis empresas en España, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), y que durante años se dedicó a la fabricación de minas antipersona y de las peligrosas bombas de racimo. Desde que el Parlamento prohibiese la fabricación y comercialización de ambos artefactos en nuestro país, Expal se dedica a su desactivación y destrucción. “Un negocio redondo”, señala Ortega.

Control parlamentario.
Respondiendo a las demandas de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Parlamento aprobó en diciembre de 2007 la primera ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (Ley 53/2007). A pesar de los temores iniciales suscitados en el sector, las medidas legales aprobadas para aumentar la transparencia en el comercio de armas no han afectado negativamente a sus exportaciones, que de 2007 a 2009 crecieron en un 44%.

La ley establece mecanismos para incrementar el control parlamentario sobre el comercio de armas y detalla en su artículo 8 una serie de criterios concretos para garantizar que las armas españolas no sean exportadas a países en conflicto ni utilizadas para violar los derechos humanos de la población civil en otras naciones. Así, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior está obligada a emitir informes periódicos al Congreso y a proporcionar información más detallada de lo habitual sobre las ventas superiores a 10 millones de euros y sobre las exportaciones a aquellos países considerados por el Gobierno como “destinos de especial sensibilidad”.

Las ONG Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace mantienen una valoración “positiva” de los tres primeros años de aplicación de la ley. Sin embargo, denuncian que se siguen vendiendo armas a países en conflicto o con un oscuro historial en materia de derechos humanos. Estas denuncias han sido realizadas también por algunos partidos políticos. El Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en la que se solicita al Gobierno el “riguroso cumplimiento” del artículo 8 de la Ley 53/2007.

“Se han vendido cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a destinos preocupantes porque están en conflicto armado, con situaciones de inestabilidad interna o de violaciones de los derechos humanos”, señalaba Gaspar Llamazares, diputado de IU, al defender el texto en el hemiciclo. Entre otras operaciones, se refería a la autorización en el primer semestre de 2009 para una venta de 1,29 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles a Sri Lanka. No fue hasta mayo de ese año cuando el ejército del país asiático dio por terminada la guerra civil que mantenía desde hacía más de dos décadas con los rebeldes tamiles. Durante la ofensiva final del ejército, entre enero y mayo, más de 7.000 civiles murieron y otros 14.000 resultaron heridos, según datos de Naciones Unidas.

Al tiempo que Barack Obama solicitaba ayer en rueda de prensa al Gobierno egipcio que evitase reprimir las “protestas pacíficas” de sus ciudadanos, la cadena estadounidense ABC publicaba esta fotografía, tomada el pasado jueves por manifestantes egipcios en la plaza de Tahrir, en El Cairo.

Se trata de una de las latas de gas lacrimógeno utilizadas por la Policía de Egipto para dispersar las protestas contra el Gobierno de Hosni Mubarak. En su etiqueta, además de urgir a “buscar asistencia (médica) tan pronto como sea posible” a toda persona que entre en contacto con el gas, se informa de que esta herramienta de represión ha sido fabricada en Estados Unidos.

En concreto, por la compañía Combined Systems Internacional, con sede en Jamestown, Pensylvania. Una empresa que dice en su web vender armas “no letales” a Gobiernos extranjeros, sin especificar cuáles.

Éste es sólo un ejemplo de los estrechos vínculos que hay entre la industria armamentística y la política exterior. Estados Unidos lleva años entregando miles de millones de dólares para modernizar y equipar a las fuerzas de seguridad de Egipto con armas que, en muchos casos, son fabricadas en Estados Unidos.

Egipto es el segundo máximo receptor de ayuda estadounidense, solo por detrás de Israel, y el mayor aliado árabe de Estados Unidos en Oriente Próximo, una convulsa región en la que el Gobierno de Hosni Mubarak (en el poder desde 1981) ha servido de tapón para movimientos islamistas, como Hamás o (en su día) la Libia de Gadaffi. Además, ha sido el mediador árabe más favorable a los intereses estadounidenses y hebreos en el conflicto palestino-israelí.

Entre 1978 (firma de los acuerdos de paz de Camp David) y 2000, la ayuda militar estadounidense a las fuerzas armadas egipcias ascendió hasta los 38.000 millones de dólares. Y según el presupuesto del Departamento de Estado, solo durante el año pasado, 2010, la cantidad de dinero entregada a Egipto para equipar a su Ejército se elevó hasta  los 1.300 millones de dólares.

En 1999, por ejemplo, Egipto recibió un subsidio estadounidense de 3.200 millones de dólares para sufragar el mayor programa de modernización militar de la historia del país. Gracias a ese dinero, El Cairo compró a Washington 24 cazas F-16 de alta gama, 200 tanques y tres sistemas de misiles Patriot. Además, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la venta de misiles AMRAAM a Egipto. Y al año siguiente las transacciones de máquinas de guerra hacia el país africano siguieron: helicópteros, aeronaves con misiles patrol incorporados, sistemas tridimensionales de radar,  26 sistemas de lanzamiento múltiples para misiles (MLRS) y 50 vehículos blindados con sistemas lanzamisiles.

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El rescate de los mineros chilenos el pasado mes octubre nos dejó claro a todos que en muchas ocasiones la realidad supera con creces a la ficción. Pues bien, en Venezuela, país por antonomasia de la telenovela, se está viviendo una situación que no hubiese sido capaz de imaginar ningún guionista de culebrón. Un serial que tiene como protagonista al ex presidente Carlos Andrés Pérez y que, como no podía ser de otra manera, ya ha hecho saltar a escena a Hugo Chávez, quien intervino esta semana en la pelea que mantienen las “dos familias” de Pérez.

Carlos Andrés Pérez gobernó Venezuela durante dos mandatos (1974-1979 y 1989-1994), pero pasó los últimos años de su vida en Miami, donde murió el pasado 25 de diciembre a los 88 años.

En 1945 se casó con su esposa, Blanca Rodríguez, con la que tuvo seis hijos y de la que nunca llegó a divorciarse oficialmente. Sin embargo, cuando a mediados de los noventa se marchó a Miami, otra mujer, Cecilia Matos, fue su compañera sentimental.

Pues bien, desde el fallecimiento de Pérez,  Rodríguez y Matos mantienen un duro enfrentamiento pasional, digno del mayor serial venezolano. La primera quiere repatriar el cuerpo del ex Presidente venezolano para que sea sepultado en Caracas, pero la segunda desea enterrarlo en Estados Unidos alegando que Pérez se oponía a regresar a Venezuela si el país seguía presidido por Hugo Chávez, protagonista de uno de los dos intentos de golpe de Estado que sufrió como Presidente.

Ante la falta de acuerdo, acudieron ante un juez para resolver el conflicto. Y a todo esto, el cuerpo sin vida del ex mandatario –impasible protagonista del culebrón, que quizás esté lamentando no haber resuelto ciertos asuntos legales antes- permanece embalsamado desde el día de su muerte en una cámara de refrigeración de una casa funeraria en el sur de Florida.

La tragicomedia en que se ha convertido el entierro del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez volvió a dar un nuevo giro dramático esta semana. El tribunal de Miami que trata de conciliar a las dos familias de Pérez y resolver el destino de los restos del ex-mandatario fue el escenario este martes del último capítulo de esta novela.

El juez que lleva el caso, Arthur Rothenberg, reconoció durante la vista de conciliación que es “casi imposible (…) reconciliar un entierro digno” para el ex presidente venezolano y fijó el inicio del juicio para decidir su destino el próximo 21 de marzo.

Apelando a la “dignidad” de Pérez, el magistrado propuso a ambas partes que aceptasen depositar los restos del ex-Presidente en una cripta “mientras se resuelve el caso”. Pero su propuesta cayó en saco roto.

Y  para completar esta estrambótica historia, el nombre de Hugo Chávez saltó a escena, señalado como principal culpable del desacuerdo familiar.

Y es que uno de los testigos citados el martes por la defensa de Cecilia Matos fue el abogado Segundo Velázquez, a quien Pérez habilitó hace más de diez años para que llevara los trámites de su divorcio con Blanca Rodríguez.
Durante su interrogatorio, Velázquez sugirió que el divorcio entre Pérez y Rodríguez fue denegado por la justicia venezolana por presiones de Chávez.  ”No se le dio la oportunidad justa de obtener el divorcio”, afirmó.

Otro de los testigos de los abogados de Matos fue el historiador Agustín Blanco Muñoz, quien aseguró que el Gobierno venezolano tiene “intereses políticos” en que los restos de Pérez sean repatriados.

Y, por supuesto, ante tales acusaciones, desde Caracas, y gustándole replicar (porque mira que le gusta), Chávez entró al trapo. Primero expresó su deseo de que Pérez sea enterrado en Venezuela, “como quieren sus hijas mayores”, y después rechazó en tono en tono jocoso las acusaciones que le apuntan como culpable de que el divorcio no se llevará a efecto: ”Dicen que yo lo bloqueé. Oye, ése ya es el colmo de la locura (…). Lo último de todo esto es que alguien diga que la culpa es mía”.

Así las cosas, Venezuela espera el nuevo episodio de este culebrón presidencial, cuya emisión en vivo y en directo se producirá el 21 de marzo, fecha en que se iniciará oficialmente el juicio para determinar el destino del cuerpo sin vida de Pérez, que lleva ya más de un mes embalsamado y esperando sepultura en una gélida cámara frigorífica en el sur de Florida, a ver si las dos mujeres de su vida logran ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el destino de sus restos.